Uno de los principales lastres en el desarrollo del sector inmobiliario español y su estabilización es la disparidad en la normativa urbanística, diferencias de impuestos y requisitos entre comunidades autónomas y administraciones.
De ahí que se demande por diferentes partes ( desde constructores, asesores e incluso desde la propia administración) un “pacto de Estado” en materia de planificación y normativa urbanística que clarifique, ordene y tenga una marco legal estable en el tiempo.